viernes, 30 de agosto de 2013

El holocausto taromenane y tagaeri en el Yasuní.



Una de las aristas más críticas y complicadas en el dilema del Parque Nacional Yasuní tiene que ver con la probablemente inevitable extinción de varios grupos tribales que habitan la parte noroccidental de la selva ecuatoriana en caso de que las tendencias destructivas ocasionadas por la desidia criminal de la burocracia pública, la irresponsabilidad cínica de los políticos de turno en el poder, la polución petrolera, la invasión de tierras selváticas, la colonización, la destructiva explotación maderera, las masacres tribales y la infiltración de costumbres por la llamada “civilización”, continúen sus marchas genocidas.
  
En medio de esta vorágine de barbaridades y abusos, unos peores que otros, se encuentran varias etnias nativas de la selva ecuatoriana, entre las conocidas están las comunidades: huaoranis, taromenanes, y tagaeris.

En la medida en que los ambientes selváticos eran invadidos principalmente debido al boom petrolero de medidos del siglo XX, concomitantemente se inició la colonización y una explotación maderera extremadamente agresiva, lo que trajo como consecuencia que los enfrentamientos entre las tribus nativas con los colonos, madereros y los grupos armados públicos y privados que defendían la explotación petrolera se vuelvan cada vez más repetidas y sangrientas. Considerando la actualidad del Parque Nacional Yasuní y en general del oriente ecuatoriano, resulta evidente concluir quien ha prevalecido; ciertamente un triunfo más de la civilización depredadora y del progreso mercantil. 
 
La información que los ecuatorianos hemos recibido de esta guerra contra la Naturaleza, de la prensa pública y privada “libérrima y endiabladamente independiente” es muy limitada, considerando los intereses económicos en juego y el poder de los grupos en discordia. Generalmente la sociedad ecuatoriana es informada de los ataques de las tribus nativas en contra de colonos, religiosos, madereros y empleados petroleros, pero, muy rara vez se informa sobre las víctimas aborígenes, en parte porque los hechos se dan en la soledad de la selva, en parte por el desdén irresponsable del sistema público, por lo mismo aquellos actos criminales quedan en la más infame impunidad.

Probablemente el actual debate respecto del bloque ITT y la desgracia de los grupos tribales escondidos en la selva, casi monopolizado por los adictos al socialismo del siglo XXI, los grupos políticos y económicos conservadores y sus respectivos medios de comunicación incondicionales, no se habría dado si el presidente Rafael Correa no hubiese propuesto al mundo su proyecto “Yasuní ITT”, que consistía en no explotar el petróleo del bloque ITT asentado en el Yasuní, a cambio de una cifra millonaria, aunque mucho menor que el valor de las reservas del bloque ITT, y que, supuestamente deberían ser pagados en forma de donación por los países especialmente del llamado primer mundo, principales consumidores de combustibles fósiles. Luego del fracaso, en parte previsible, por muchas razones, internas y externas, Correa anunció al Ecuador su decisión de explotar el petróleo, minimizando los normales daños ambientales que dichos trabajos generarán tanto en el ecosistema nativo, así como también soslayando el enorme daño colateral que la explotación petrolera generará en la alterada vida de las tribus que se ocultan de la civilización petrolera en aquellas zonas selváticas.

Cabe señalar que el problema de la destrucción de la Naturaleza en el oriente ecuatoriano y la violación a los derechos humanos de los grupos tribales nativos de aquella región no comenzó en el gobierno del socialista bolivariano Rafael Correa, el holocausto se inició el momento en que la codicia humana fijó sus colmillos sanguinarios y sus crueles garras en la riqueza ecológica nativa y del subsuelo, principalmente a mediados del siglo 20, y desde ese momento, año a año, la barbarie se ha ido incrementando con mayor rapidez, especialmente desde que inició la prospección y posterior explotación y producción petrolera.

La discusión sobre el bloque ITT del Yasuní y la suerte de las tribus escondidas, ha terminado manchada por los intereses políticos y económicos, tanto de los socialistas del siglo 21, actualmente en el poder, como de los conservadores capitalistas, ansiosos por recuperar el poder y el control del Estado Ecuatoriano. Algunos de los detractores políticos de Rafael Correa señalan que con la explotación petrolífera en el bloque ITT del Yasuní se generará un verdadero etnocidio, pero la realidad es que actualmente ya se está explotando petróleo en el Parque Nacional Yasuní, y en la Reserva entregada a la etnia Huaorani, campos petroleros aledaños al bloque ITT, actividades que fueron desarrolladas mucho antes del Gobierno del Socialismo del siglo XXI. Lo cierto es que Rafael Correa no ha hecho sino continuar con la política extractiva instaurada por dictaduras y gobiernos seudo constitucionales del pasado oscuro de la historia ecuatoriana. Si cabe el término “etnocidio”, tal hecho, no lo inició Correa, sino, los déspotas del siglo 20 que tiranizaron el Ecuador. Correa tiene su parte de culpa por la deforestación, la colonización, la contaminación petrolera y el miedo en el que viven las tribus escondidas del nororiente ecuatoriano, causados durante los 6 años de su gobierno, pero no es más culpable que todos los dictadores y presidentes que detentaron el poder desde el inicio del boom petrolero, por lo mismo, si vamos a llevar al banquillo de acusados a Correa también deberíamos hacerlo con aquellos que iniciaron el holocausto del oriente ecuatoriano.

Respecto al debate sobre, qué se debe hacer con los pueblos aborígenes del nororiente ecuatoriano, que actualmente viven escondidos huyendo de cualquier contacto con la civilización depredadora, se ha dicho de todo y por casi todos, irónicamente los principales actores en este dilema, específicamente las tribus taromenanes y tagaeris, no han tenido la oportunidad de plantear su versión, por obvias razones, y tampoco, tanto en el pasado como actualmente, se han iniciado labores serias y responsables por intentar contactarlos. Racionalizaciones y justificaciones de filáticos sobran, desde aquellos que señalan que el progreso del país no puede detenerse por unos “pajaritos” y “un grupo de salvajes”, hasta aquellos que consideran a los pueblos escondidos en la selva como parte de la fauna nativa y señalan que deberían mantenerse tanto la Reserva Huaorani y el Parque Yasuní, intocables, libres de cualquier actividad extractiva y comercial. Resulta evidente que muchos seudo analistas defienden exclusivamente intereses económicos de grupo, tan evidente como que muchos de quienes hablan de la virginidad del Yasuní, lo hacen por fundamentalismo, ignorancia o por intereses encubiertos, pues, hace tiempo que el oriente ecuatoriano perdió su calidad de virgen; la explotación petrolera, el negocio maderero y la “domesticación” de parte del pueblo huaorani con los vicios de la civilización depredadora, lo prueban.

También da la impresión que la malicia, la barbarie y la ignorancia que atacan directamente la flora y fauna del  Yasuní y mantienen en el miedo a las tribus escondidas, se han extendido a la discusión entre aquellos que defienden el pragmatismo humanista es decir, los socialistas del siglo XXI, y los defensores a ultranza del ecologismo, en este caso los movimientos indígenas nacionales y sorpresivamente los conservadores capitalistas; por ejemplo, ambos bandos suelen referirse a los grupos taromenanes y tagaeris, como tribus que viven en “aislamiento voluntario”; cuando uno escucha tamaño disparate, uno se pregunta, “¡de qué diablos están hablando estos tipos!”; cómo se puede hablar de “aislamiento voluntario”, cuando las tribus taromenanes y tagaeris han sido atacadas, perseguidas y masacradas por los beneficiarios de la destrucción de la Naturaleza. Las tribus taromenanes y tagaeris se ocultan, disgregan y  mantienen en permanente movimiento porque en tal estrategia radica su supervivencia; no lo hacen por voluntad, lo hacen obligadas por la necesidad de sobrevivir, impelidas por la violencia de la que son objeto; huyen de la seudo civilización destructora y codiciosa que significa para ellos su desgracia. La voluntad es un acto de libertad, por lo mismo, no se puede calificar de, voluntaria, a la decisión de huir por miedo o terror. Pregunto, ¿cuándo los políticos, burócratas o falsos activistas consultaron a los taromenanes y tagaeris, su decisión de mantenerse voluntariamente aislados de cualquier contacto con el hombre supuestamente civilizado? ¿Cómo se puede pedir a una tribu cuyo ambiente ha sido destruido, cuyos territorios han sido invadidos abruptamente y cuyos miembros han sido criminalmente agredidos o masacrados que adopten una posición de confianza con quienes han destruido la paz de su vida y su entorno?

Una cuestión que debería considerarse es, por qué los pueblos taromenanes y tagaeris actualmente escondidos, deberían creer en la buena voluntad del “hombre civilizado”; qué han recibido los pueblos contactados, en este caso la etnia huaorani, que motivase a los pueblos escondidos a “civilizarse”. ¿Acaso no se ha denunciado que gracias a la ingenuidad huaorani los comerciantes de la madera pueden acceder a  bosques ancestrales por unos cuantos dólares? ¿Acaso no se ha denunciado que la civilización depredadora ha utilizado a grupos de huaoranis para que masacren a comunidades taromenanes y tagaeris? ¿Acaso seudo antropólogos no han justificado las matanzas tribales como ceremonias antiquísimas que son parte de la cultura de aquellos pueblos y han protestado contra cualquier intervención exterior usando una interpretación perversa de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la cultura indígena? 

La verdad, no creo que los actuales políticos y burócratas públicos puedan darle una salida justa y razonable al problema de violación de los derechos humanos de los pueblos huaorani, tagaeri y taromenane. Si bien como ya mencioné el problema no comenzó durante el gobierno de Rafael Correa, tampoco la administración de los socialistas bolivarianos durante los 6 años que lleva en el poder  ha hecho nada significativo para frenar los abusos contra los grupos indígenas del nororiente ecuatoriano. Correa se ha quejado que los más de $100.000.000.00 que ha gastado durante los 6 años de su gobierno no han sido suficientes para tomar acciones que frenen la tala ilegal de árboles en los pocos bosques vírgenes que quedan en el Ecuador; sin embargo, irónicamente, si ha habido dinero para crear el Ministerio del Ambiente, y para pagar los sueldos de los burócratas de dicho ministerio, tan veloces y dadivosos al momento de expedir las autorizaciones para las actividades mineras, o cuando de aprobar se trata las “licencias ambientales” que las trasnacionales petroleras necesitan para explotar el crudo, incluso en zonas frágiles de los ecosistemas naturales, como el Yasuní por ejemplo.

Si se toma en consideración la tendencia general que prevalece en el mundo daría la impresión que las percepciones de George Orwell citadas en su libro “1984” se están cumpliendo literalmente, ahí están por ejemplo las ambiguas “discriminaciones positivas”, o los perversos “bombardeos humanitarios”.  De manera que nadie debería sorprenderse si la desgracia de los taromenanes y tagaeris se justifica y racionaliza con la argucia de los daños colaterales tolerables, el cuento chino de la remediación ambiental, el mito del progreso, o el ambiguo desarrollo sustentable.

Tomando como fundamento la realidad de los cinturones de miseria que se desarrollan en los extramuros de las dos principales ciudades del Ecuador, Quito y Guayaquil, lugares donde se agolpan en condiciones infrahumanas contingentes sociales considerables en número, año tras año, generación tras generación, resulta factible suponer que, si los políticos y la burocracia pública son incapaces de solucionar esas terribles y funestas realidades que tienen frente a sus narices, menos van a poder enmendar las barbaridades que se han cometido en contra de los pueblos nativos del nororiente ecuatoriano. ¡Ah infausta fatalidad! Si tan solo los tagaeris y los taromenanes entendieran y tuvieran el concepto de propiedad, pero no; ni siquiera tienen voz, peor voto, en una encrucijada que los tiene como principales actores. Parece ser que la suerte de los huaoranis, tagaeris y taromenanes está echada. Sin embargo, la esperanza no se debe perder. Seamos inocentes y pensemos que los políticos finalmente tomarán decisiones sensatas. Imaginemos que aquellos que han causado daño a la Naturaleza y a la sociedad ecuatoriana, porque los huaoranis, tagaeris y taromenanes también son ecuatorianos, se arrepentirán y enmendarán, pero sobre todo esperemos que la sociedad ecuatoriana despierte de ese letargo intelectual y esa laxitud moral y se reivindique consigo misma.

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