Una de las
aristas más críticas y complicadas en el dilema del Parque Nacional Yasuní
tiene que ver con la probablemente inevitable extinción de varios grupos
tribales que habitan la parte noroccidental de la selva ecuatoriana en caso de
que las tendencias destructivas ocasionadas por la desidia criminal de la
burocracia pública, la irresponsabilidad cínica de los políticos de turno en el
poder, la polución petrolera, la invasión de tierras selváticas, la
colonización, la destructiva explotación maderera, las masacres tribales y la
infiltración de costumbres por la llamada “civilización”, continúen sus marchas
genocidas.
En medio de esta
vorágine de barbaridades y abusos, unos peores que otros, se encuentran varias
etnias nativas de la selva ecuatoriana, entre las conocidas están las
comunidades: huaoranis, taromenanes, y tagaeris.
En la medida
en que los ambientes selváticos eran invadidos principalmente debido al boom
petrolero de medidos del siglo XX, concomitantemente se inició la colonización
y una explotación maderera extremadamente agresiva, lo que trajo como
consecuencia que los enfrentamientos entre las tribus nativas con los colonos, madereros
y los grupos armados públicos y privados que defendían la explotación petrolera
se vuelvan cada vez más repetidas y sangrientas. Considerando la actualidad del
Parque Nacional Yasuní y en general del oriente ecuatoriano, resulta evidente
concluir quien ha prevalecido; ciertamente un triunfo más de la civilización depredadora
y del progreso mercantil.
La
información que los ecuatorianos hemos recibido de esta guerra contra la Naturaleza,
de la prensa pública y privada “libérrima y endiabladamente independiente” es
muy limitada, considerando los intereses económicos en juego y el poder de los
grupos en discordia. Generalmente la sociedad ecuatoriana es informada de los
ataques de las tribus nativas en contra de colonos, religiosos, madereros y
empleados petroleros, pero, muy rara vez se informa sobre las víctimas
aborígenes, en parte porque los hechos se dan en la soledad de la selva, en
parte por el desdén irresponsable del sistema público, por lo mismo aquellos
actos criminales quedan en la más infame impunidad.
Probablemente
el actual debate respecto del bloque ITT y la desgracia de los grupos tribales
escondidos en la selva, casi monopolizado por los adictos al socialismo del
siglo XXI, los grupos políticos y económicos conservadores y sus respectivos
medios de comunicación incondicionales, no se habría dado si el presidente
Rafael Correa no hubiese propuesto al mundo su proyecto “Yasuní ITT”, que
consistía en no explotar el petróleo del bloque ITT asentado en el Yasuní, a
cambio de una cifra millonaria, aunque mucho menor que el valor de las reservas
del bloque ITT, y que, supuestamente deberían ser pagados en forma de donación por
los países especialmente del llamado primer mundo, principales consumidores de
combustibles fósiles. Luego del fracaso, en parte previsible, por muchas
razones, internas y externas, Correa anunció al Ecuador su decisión de explotar
el petróleo, minimizando los normales daños ambientales que dichos trabajos
generarán tanto en el ecosistema nativo, así como también soslayando el enorme
daño colateral que la explotación petrolera generará en la alterada vida de las
tribus que se ocultan de la civilización petrolera en aquellas zonas
selváticas.
Cabe señalar
que el problema de la destrucción de la Naturaleza en el oriente ecuatoriano y
la violación a los derechos humanos de los grupos tribales nativos de aquella
región no comenzó en el gobierno del socialista bolivariano Rafael Correa, el
holocausto se inició el momento en que la codicia humana fijó sus colmillos
sanguinarios y sus crueles garras en la riqueza ecológica nativa y del subsuelo,
principalmente a mediados del siglo 20, y desde ese momento, año a año, la
barbarie se ha ido incrementando con mayor rapidez, especialmente desde que
inició la prospección y posterior explotación y producción petrolera.
La discusión
sobre el bloque ITT del Yasuní y la suerte de las tribus escondidas, ha
terminado manchada por los intereses políticos y económicos, tanto de los
socialistas del siglo 21, actualmente en el poder, como de los conservadores
capitalistas, ansiosos por recuperar el poder y el control del Estado
Ecuatoriano. Algunos de los detractores políticos de Rafael Correa señalan que
con la explotación petrolífera en el bloque ITT del Yasuní se generará un verdadero
etnocidio, pero la realidad es que actualmente ya se está explotando petróleo
en el Parque Nacional Yasuní, y en la Reserva entregada a la etnia Huaorani,
campos petroleros aledaños al bloque ITT, actividades que fueron desarrolladas
mucho antes del Gobierno del Socialismo del siglo XXI. Lo cierto es que Rafael Correa
no ha hecho sino continuar con la política extractiva instaurada por dictaduras
y gobiernos seudo constitucionales del pasado oscuro de la historia
ecuatoriana. Si cabe el término “etnocidio”, tal hecho, no lo inició Correa, sino,
los déspotas del siglo 20 que tiranizaron el Ecuador. Correa tiene su parte de culpa
por la deforestación, la colonización, la contaminación petrolera y el miedo en
el que viven las tribus escondidas del nororiente ecuatoriano, causados durante
los 6 años de su gobierno, pero no es más culpable que todos los dictadores y
presidentes que detentaron el poder desde el inicio del boom petrolero, por lo
mismo, si vamos a llevar al banquillo de acusados a Correa también deberíamos
hacerlo con aquellos que iniciaron el holocausto del oriente ecuatoriano.
Respecto al
debate sobre, qué se debe hacer con los pueblos aborígenes del nororiente
ecuatoriano, que actualmente viven escondidos huyendo de cualquier contacto con
la civilización depredadora, se ha dicho de todo y por casi todos, irónicamente
los principales actores en este dilema, específicamente las tribus taromenanes
y tagaeris, no han tenido la oportunidad de plantear su versión, por obvias
razones, y tampoco, tanto en el pasado como actualmente, se han iniciado
labores serias y responsables por intentar contactarlos. Racionalizaciones y
justificaciones de filáticos sobran, desde aquellos que señalan que el progreso
del país no puede detenerse por unos “pajaritos” y “un grupo de salvajes”,
hasta aquellos que consideran a los pueblos escondidos en la selva como parte
de la fauna nativa y señalan que deberían mantenerse tanto la Reserva Huaorani
y el Parque Yasuní, intocables, libres de cualquier actividad extractiva y
comercial. Resulta evidente que muchos seudo analistas defienden exclusivamente
intereses económicos de grupo, tan evidente como que muchos de quienes hablan
de la virginidad del Yasuní, lo hacen por fundamentalismo, ignorancia o por
intereses encubiertos, pues, hace tiempo que el oriente ecuatoriano perdió su
calidad de virgen; la explotación petrolera, el negocio maderero y la
“domesticación” de parte del pueblo huaorani con los vicios de la civilización
depredadora, lo prueban.
También da
la impresión que la malicia, la barbarie y la ignorancia que atacan
directamente la flora y fauna del Yasuní
y mantienen en el miedo a las tribus escondidas, se han extendido a la
discusión entre aquellos que defienden el pragmatismo humanista es decir, los socialistas
del siglo XXI, y los defensores a ultranza del ecologismo, en este caso los
movimientos indígenas nacionales y sorpresivamente los conservadores capitalistas;
por ejemplo, ambos bandos suelen referirse a los grupos taromenanes y tagaeris,
como tribus que viven en “aislamiento voluntario”; cuando uno escucha tamaño
disparate, uno se pregunta, “¡de qué diablos están hablando estos tipos!”; cómo
se puede hablar de “aislamiento voluntario”, cuando las tribus taromenanes y
tagaeris han sido atacadas, perseguidas y masacradas por los beneficiarios de la
destrucción de la Naturaleza. Las tribus taromenanes y tagaeris se ocultan, disgregan
y mantienen en permanente movimiento
porque en tal estrategia radica su supervivencia; no lo hacen por voluntad, lo
hacen obligadas por la necesidad de sobrevivir, impelidas por la violencia de
la que son objeto; huyen de la seudo civilización destructora y codiciosa que
significa para ellos su desgracia. La voluntad es un acto de libertad, por lo
mismo, no se puede calificar de, voluntaria, a la decisión de huir por miedo o
terror. Pregunto, ¿cuándo los políticos, burócratas o falsos activistas
consultaron a los taromenanes y tagaeris, su decisión de mantenerse
voluntariamente aislados de cualquier contacto con el hombre supuestamente
civilizado? ¿Cómo se puede pedir a una tribu cuyo ambiente ha sido destruido,
cuyos territorios han sido invadidos abruptamente y cuyos miembros han sido
criminalmente agredidos o masacrados que adopten una posición de confianza con
quienes han destruido la paz de su vida y su entorno?
Una cuestión
que debería considerarse es, por qué los pueblos taromenanes y tagaeris
actualmente escondidos, deberían creer en la buena voluntad del “hombre
civilizado”; qué han recibido los pueblos contactados, en este caso la etnia
huaorani, que motivase a los pueblos escondidos a “civilizarse”. ¿Acaso no se
ha denunciado que gracias a la ingenuidad huaorani los comerciantes de la
madera pueden acceder a bosques
ancestrales por unos cuantos dólares? ¿Acaso no se ha denunciado que la
civilización depredadora ha utilizado a grupos de huaoranis para que masacren a
comunidades taromenanes y tagaeris? ¿Acaso seudo antropólogos no han
justificado las matanzas tribales como ceremonias antiquísimas que son parte de
la cultura de aquellos pueblos y han protestado contra cualquier intervención
exterior usando una interpretación perversa de la autodeterminación de los
pueblos y el respeto a la cultura indígena?
La verdad, no creo que los actuales políticos y burócratas públicos puedan darle una salida justa y razonable al problema de violación de los derechos humanos de los pueblos huaorani, tagaeri y taromenane. Si bien como ya mencioné el problema no comenzó durante el gobierno de Rafael Correa, tampoco la administración de los socialistas bolivarianos durante los 6 años que lleva en el poder ha hecho nada significativo para frenar los abusos contra los grupos indígenas del nororiente ecuatoriano. Correa se ha quejado que los más de $100.000.000.00 que ha gastado durante los 6 años de su gobierno no han sido suficientes para tomar acciones que frenen la tala ilegal de árboles en los pocos bosques vírgenes que quedan en el Ecuador; sin embargo, irónicamente, si ha habido dinero para crear el Ministerio del Ambiente, y para pagar los sueldos de los burócratas de dicho ministerio, tan veloces y dadivosos al momento de expedir las autorizaciones para las actividades mineras, o cuando de aprobar se trata las “licencias ambientales” que las trasnacionales petroleras necesitan para explotar el crudo, incluso en zonas frágiles de los ecosistemas naturales, como el Yasuní por ejemplo.
La verdad, no creo que los actuales políticos y burócratas públicos puedan darle una salida justa y razonable al problema de violación de los derechos humanos de los pueblos huaorani, tagaeri y taromenane. Si bien como ya mencioné el problema no comenzó durante el gobierno de Rafael Correa, tampoco la administración de los socialistas bolivarianos durante los 6 años que lleva en el poder ha hecho nada significativo para frenar los abusos contra los grupos indígenas del nororiente ecuatoriano. Correa se ha quejado que los más de $100.000.000.00 que ha gastado durante los 6 años de su gobierno no han sido suficientes para tomar acciones que frenen la tala ilegal de árboles en los pocos bosques vírgenes que quedan en el Ecuador; sin embargo, irónicamente, si ha habido dinero para crear el Ministerio del Ambiente, y para pagar los sueldos de los burócratas de dicho ministerio, tan veloces y dadivosos al momento de expedir las autorizaciones para las actividades mineras, o cuando de aprobar se trata las “licencias ambientales” que las trasnacionales petroleras necesitan para explotar el crudo, incluso en zonas frágiles de los ecosistemas naturales, como el Yasuní por ejemplo.
Si se toma
en consideración la tendencia general que prevalece en el mundo daría la
impresión que las percepciones de George Orwell citadas en su libro “1984” se
están cumpliendo literalmente, ahí están por ejemplo las ambiguas
“discriminaciones positivas”, o los perversos “bombardeos humanitarios”. De manera que nadie debería sorprenderse si
la desgracia de los taromenanes y tagaeris se justifica y racionaliza con la
argucia de los daños colaterales tolerables, el cuento chino de la remediación
ambiental, el mito del progreso, o el ambiguo desarrollo sustentable.
Tomando como
fundamento la realidad de los cinturones de miseria que se desarrollan en los
extramuros de las dos principales ciudades del Ecuador, Quito y Guayaquil, lugares
donde se agolpan en condiciones infrahumanas contingentes sociales
considerables en número, año tras año, generación tras generación, resulta
factible suponer que, si los políticos y la burocracia pública son incapaces de
solucionar esas terribles y funestas realidades que tienen frente a sus
narices, menos van a poder enmendar las barbaridades que se han cometido en
contra de los pueblos nativos del nororiente ecuatoriano. ¡Ah infausta
fatalidad! Si tan solo los tagaeris y los taromenanes entendieran y tuvieran el
concepto de propiedad, pero no; ni siquiera tienen voz, peor voto, en una
encrucijada que los tiene como principales actores. Parece ser que la suerte de
los huaoranis, tagaeris y taromenanes está echada. Sin embargo, la esperanza no
se debe perder. Seamos inocentes y pensemos que los políticos finalmente tomarán
decisiones sensatas. Imaginemos que aquellos que han causado daño a la
Naturaleza y a la sociedad ecuatoriana, porque los huaoranis, tagaeris y taromenanes
también son ecuatorianos, se arrepentirán y enmendarán, pero sobre todo
esperemos que la sociedad ecuatoriana despierte de ese letargo intelectual y
esa laxitud moral y se reivindique consigo misma.